Considero acertado este Plan Extraordinario, al tiempo que afirmo que Gran Canaria no puede quedar al margen de la apuesta que el Gobierno estatal está haciendo por el ferrocarril en todo el territorio peninsular y también en Baleares, financiando la totalidad del gasto tanto en lo que concierne a la redacción de los proyectos como a la ejecución de las obras. Como he señalado en otras ocasiones, un buen ejemplo lo tenemos en el Convenio suscrito en agosto de 2008 entre el Gobierno de España y la de Baleares. Mediante el mismo, el Estado asume la financiación de los proyectos, las expropiaciones y la ejecución de las actuaciones de ferrocarril, previstas inicialmente por un importe que supera los 443 millones de euros; a ello se suman otros 257 millones para la construcción de la línea de Bahía de Palma, a suscribir en otro convenio específico.
Hay que recordar la larga batalla que Canarias tuvo que mantener para que el Estado, mediante convenio singular, financiara las carreteras canarias, al ser estas infraestructuras competencias de la comunidad autónoma, como ocurre en el otro territorio insular. Otro tanto sucede con los ferrocarriles, que en el caso canario es una competencia transferida a los cabildos. Se trataría de alcanzar un acuerdo similar, que posibilite que a través de convenios el Estado financie los proyectos, las expropiaciones y la ejecución de las obras del tren.
Movilidad insostenible
Gran Canaria tiene ya casi 900.000 habitantes, a los que se suman los millones de turistas que nos visitan anualmente. Y la isla sigue teniendo un modelo de movilidad insostenible, con un enorme peso del vehículo privado en detrimento del transporte público, justo lo contrario de lo que recomiendan las líneas de actuación de la Unión Europea. Del total de desplazamientos que se efectúan en la isla, menos de un 15% corresponde al transporte público. Es decir, la relación es casi de 7 a 1 a favor del transporte privado. Esto no sucede en Madrid o Barcelona, así como en otras ciudades europeas.
Por eso hemos decidido avanzar en consonancia con las directrices europeas en la materia: en la apuesta por el por el transporte público y, especialmente, por el transporte guiado. El ferrocarril es considerado por la Comisión Europea como el único medio para descongestionar las carreteras; al tiempo que pone el acento en que el tren es un gran aliado del medio ambiente, señalando que "no cabe imaginar una política de transportes sostenible sin buscar un nuevo equilibrio en favor del tren".
El Cabildo de Gran Canaria, con el respaldo de todos los grupos presentes en la Corporación, ha ido dando los pasos pertinentes para la introducción del transporte guiado en la isla. Lo hicimos al cumplimentar la tramitación del Plan Territorial Especial para un Sistema de Transporte Público con Infraestructura Propia y Modo Guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas (PTE - 21), que está pendiente de su publicación; y, también, al iniciar la redacción del respectivo Plan Territorial Especial entre la capital y la comarca Norte.
Asimismo, hemos creado la empresa pública Ferrocarriles de Gran Canaria, dependiente de la Autoridad Única del Transporte, encargada de gestionar la licitación y ejecución de los proyectos y de las obras necesarias para la puesta en marcha del sistema ferroviario de la isla. Igualmente, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Fomento, por el que este financia con 15 millones de euros la redacción de los proyectos ferroviarios, aportación importante aunque insuficiente para sufragar los costes del proyecto del tren Las Palmas-Meloneras, estimado en 22 millones de euros.
Otros hechos relevantes en la etapa reciente son la resolución nº 24, de 26 de mayo de 2009, del Congreso de los Diputados en la que se insta al Gobierno de España a "formalizar convenios de financiación con los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria para la ejecución de los proyectos ferroviarios de las islas dentro del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes para el transporte ferroviario". Y, asimismo, que el conocido como Plan Canarias haga referencia a la colaboración del Estado en la implantación del transporte por ferrocarril.
Doble propósito
Para Gran Canaria, la puesta en marcha del tren responde a un doble propósito: potenciar un transporte público sostenible y promover obra pública que genere actividad económica y creación de empleo a corto y a largo plazo. De ahí que pretendamos que el Estado, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020, suscriba un Convenio específico con el Cabildo de Gran Canaria, para garantizar la financiación de la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras del sistema ferroviario planeado para esta isla. Unas obras para cuya realización planteamos el mismo modelo de prefinanciación que el impulsado a nivel estatal.
No se trata de plantear privilegios, sino de exigir la misma consideración que reciben el resto de Comunidades Autónomas. Porque todo el Estado, incluida la otra comunidad autónoma insular, participa de esa política de desarrollo de la red ferroviaria. También debe hacerlo, y en las mismas condiciones, Canarias. Además es la única forma de conseguir inversión estatal adicional en los próximos años y acercarnos a la media estatal de la que tan alejados estamos. Y siendo conscientes de que no hay la menor opción, como algunos plantean de forma demagógica, de desviar estar partidas para otros fines. O vienen para el tren o no vendrán esas inversiones a nuestra tierra.
Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.
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